Torrijos
sostiene que el Ayuntamiento debe mediar para impedir el deterioro de este
servicio municipal al que, actualmente, se acogen más de 3.200 personas mayores
y dependientes en la capital hispalense
El Grupo Municipal de
Izquierda Unida elevará una moción por la vía de urgencia al próximo Pleno del
Ayuntamiento de Sevilla para reclamarle al Gobierno local del PP su
intervención directa al objeto de frenar el alarmante deterioro de las
condiciones laborales de las 2.000 trabajadoras que desempeñan las labores de
ayuda a domicilio del Consistorio, situación que ha devenido en la convocatoria
de varias jornadas de huelga (parciales y completas) por parte de la plantilla
a lo largo del mes de abril.
Según ha precisado el portavoz
de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, “pediremos al Gobierno
municipal que deje de inhibirse ante este asunto y que medie entre la
concesionaria CLECE y el comité de empresa en aras de resolver el conflicto
laboral existente y de evitar, además, los menoscabos que puedan producirse en
la prestación de este servicio esencial que actualmente atiende a más de 3.200
personas mayores y dependientes en la capital hispalense”.
Igualmente, la federación de
izquierdas pretende, en un segundo punto, que la Corporación Local muestre su
apoyo a las movilizaciones que este colectivo decida realizar para defender sus
puestos de trabajo e impedir la precarización que la nueva adjudicataria está
tratando de imponer en la plantilla mediante despidos, amortizaciones de plazas
y la renuncia al convenio provincial para acogerse unilateralmente al estatal,
que es mucho más restrictivo en cuanto a derechos y garantías laborales. Sólo
esta última medida implicará una sustancial merma salarial de aproximadamente
200 euros en unos sueldos ya de por sí bajos, que rondan los 800 euros de
media.
Ante este panorama, Torrijos
considera que el Ayuntamiento no puede continuar mirando para otro lado y
seguir alegando que este tema se enmarca exclusivamente dentro de la “relación
particular” de la empresa con la plantilla. Y es que, según ha recordado, el
Consistorio hispalense es el titular del servicio y, en última instancia, el responsable
final de lo que le ocurra tanto a sus empleados como a sus destinatarios. Por
ello, “ha de velar por el cumplimiento del convenio colectivo en vigor y ha de
obligar a la concesionaria a corregir sus actuaciones abusivas”, ha apostillado.
A juicio de Torrijos, urge, pues, un trabajo de intermediación por
parte del Gobierno local dirigido a frenar un conflicto que, si termina
estallando, “ocasionará graves perjuicios a un sector de la población
excesivamente vulnerable y muy necesitado de los cuidados del personal de ayuda
a domicilio”.
Asimismo, IU plantea en su
propuesta que el Ayuntamiento hispalense inste a la Junta de Andalucía a abonar
cuanto antes los fondos que a día de hoy adeuda al Consistorio por la financiación
de esta prestación y que, al mismo tiempo, demande también al Gobierno central
la anulación de los recortes adoptados entre 2012 y 2013 en materia de
dependencia. Todo ello con el fin de preservar la calidad de un servicio, cuya
viabilidad se encuentra en estos momentos seriamente en cuestión, sobre todo, tras
las reiteradas reducciones económicas que el Ejecutivo de Rajoy viene aplicando
a las aportaciones estatales que resultan imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento
del mismo.
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