
Así lo ha considerado el Consejo de
Gobierno del martes pasado que ha acordado iniciar los trámites para la
elaboración del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que recogerá
la nueva estrategia de la Junta en esta materia. El documento, que
sustituirá al desarrollado desde 2008, centrará sus medidas en la lucha
contra los desahucios, el fomento del alquiler, la mejora del parque
residencial, la autoconstrucción, el cooperativismo y la sostenibilidad.
Asimismo, ampliará el ámbito de la rehabilitación más allá de la
vivienda para incluir el patrimonio de interés arquitectónico y los
espacios públicos.
Junto con las prioridades y objetivos,
el plan definirá también las condiciones de acceso a las ayudas
autonómicas y estatales para viviendas protegidas y proyectos de
rehabilitación y suelo. El texto será consensuado con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias; los agentes sociales y económicos;
las asociaciones de promotores, vecinos y consumidores y usuarios, y
otros colectivos vinculados a este ámbito.
Una vez elaborada la propuesta del plan,
la Consejería de Fomento y Vivienda recabará los informes preceptivos
de adecuación a las normativas ambientales y de ordenación del
territorio, además de someterlo al examen de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de
Gobierno para su aprobación. La Junta contará con un plazo de ocho meses
para completar este proceso.
La presencia de Izquierda Unida en el
gobierno andaluz y, particularmente en los temas relacionados con el
derecho a la vivienda, está significando un importante giro a favor las
personas frente a las exigencias y ventajismo de las entidades
crediticias. Además, pone en valor el alquiler social, la rehabilitación
–que crea empleo y recupera los pueblos y las ciudades- y la
autoconstrucción e implica a la totalidad de las viviendas públicas en
una parte de la solución integral del grave problema de la vivienda en
Andalucía.

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