martes, 31 de enero de 2012

Juicios en Bogotá y Madrid Situaciones paradójicas.

NOTAS DE JUAN CENDALES.

Definitivamente el mundo no se puede mirar en blanco y negro. Mientras  el Juez Baltazar Garzón está sentado ante los tribunales por haber querido investigar y juzgar los crímenes del franquismo, en Colombia,  un Tribunal Superior ha ratificado la  condenada a treinta años de prisión contra el coronel  en retiro Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de una guerrillera y el empleado de una cafetería en los hechos de recuperación del Palacio de Justicia en Bogotá que había sido tomado militarmente por las guerrillas del ya desmovilizado Movimiento 19 de Abril, hechos acaecidos en noviembre del año 1985. El Palacio de Justicia es uno de los edificios imponentes que han rodeado desde siempre la Plaza Bolívar de Bogotá.  Los otros edificios son El Congreso de la Republica, la Alcaldía Mayor y la Catedral Primada de Colombia y detrás del Congreso el Palacio de Nariño, sede presidencial. Esta plaza es el centro político del país.

En la misma providencia el Tribunal Superior de Bogotá ordena que el Ejercito Nacional  en ceremonia publica a realizarse en la Plaza de Bolívar deberá pedirle perdón al país por los hechos ocurridos y en un hecho del que aún se desconocen sus consecuencias pide que el presidente de la Republica de aquel entonces, Belisario Betancur, sea llamado a juicio por la Corte Penal Internacional.


El 4 de noviembre de 1985 guerrilleros del M19 se tomaron militarmente el Palacio de Justicia en una acción audaz, temeraria y aventurera. Pretendía que el presidente se presentara en el edificio para que  la Corte Suprema de Justicia le hiciera  un juicio  por los incumplimientos de los acuerdos de paz firmados meses atrás y que se habían roto. El presidente se negó a negociar y ordenó la retoma del edificio la que se produjo 28 horas después a sangre y fuego. El edificio quedó en llamas y en su interior 95 cadáveres: 11 magistrados del Tribunal superior,  los 28 guerrilleros que hicieron la toma, abogados, trabajadores del edificio y visitantes del mismo. En medio de las llamas, el bombardeo y los tiros de fusiles y ametralladoras el país escuchó en directo por la radio nacional la angustiosa voz del presidente del Tribunal, Alfonso reyes Echandía,  quien le pedía públicamente al presidente después de que este se negara a pasar al teléfono: “por favor... que cese el fuego inmediatamente... es de vida o muerte”

La Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA consideró que esta acción militar de recuperación del edificio había sido un holocausto.

Tiempos después a través de testimonios de algunos sobrevivientes y de fotos e imágenes que los medios tomaron del hecho se pudo establecer que varios guerrilleros, magistrados y civiles cuyos cadáveres nunca fueron encontrados, habían sido sacados vivos del edificio, habían sido torturados, asesinados y desaparecidos. Se tiene una cifra oficial de 11 desaparecidos. Por dos de ellos, la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería, es que el coronel Plazas Vega ha sido condenado a treinta años de cárcel, el ejército a pedir perdón y que el ex presidente colombiano sea juzgado por la CPI.

La condena contra el coronel Plazas es resultado de la larga lucha de los familiares de los desaparecidos en medio de hostigamientos y amenazas. También de la resistencia de las reservas democráticas de la justicia colombiana a ser cooptada por el militarismo y las fuerzas reaccionarias. No es la primera condena por hechos de terrorismo de estado. Tampoco será la última.

El presidente colombiano ha presentado una reforma a la justicia para ampliar el llamado “Fuero Militar” y volver a los viejos tiempos de la Justicia Penal Militar. A las épocas de la barbarie e impunidad absoluta.

La lucha continúa.

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