Santos subraya que el programa "supone un giro de 180 grados" en la forma de encarar el problema
SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA
PRESS) -
La
Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en funcionamiento este lunes en
Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios
previstas en todas las provincias andaluzas. La apertura de esta red de puntos
de atención y asesoramiento ciudadano forma parte del Programa Andaluz en
Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena
Cortés, en el Parlamento de Andalucía.
En un comunicado, la Junta
de Andalucía informa de que esta iniciativa es "especialmente novedosa por la
ruptura de la neutralidad" que supone y, en ese sentido, la delegada territorial
de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha destacado que "el programa
supone un giro de 180 grados en la forma de encarar el problema de la vivienda,
no desde una visión mercantil, sino desde el punto de vista de la defensa del
derecho y al lado de las víctimas de la crisis".
Santos ha subrayado que "con
este tipo de medidas pretendemos abrir un nuevo camino de insumisión ante este
drama social", a lo que ha añadido que "a la red se le sumarán medidas legales"
en las que actualmente trabaja la Consejería. La delegada territorial ha
incidido en que desde Fomento y Vivienda se mantiene un diálogo "exigente" con
las entidades financieras, que "ahora están obligadas más que nunca a poner de
su parte".
Esta oficina de
asesoramiento ciudadano, que desde esta mañana atiende ya a familias afectadas,
dispone de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho,
administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo
directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería
de Fomento y Vivienda. Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes
áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de
los desahucios.
SERVICIO GRATUITO
En la fase de prevención, el
personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento
a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de
una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación
se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así
lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su
empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la
liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple
servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada
familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada
a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también
la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última
de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda
habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión
social.
LA RED COMPLETA, EN OCTUBRE
La Consejería de Fomento y
Vivienda ultima los trabajos para culminar en octubre la puesta en marcha de la
red completa de oficinas en el resto de provincias. Para ello, la Junta de
Andalucía ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al
personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de
60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería.
Así, recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de
la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al
ciudadano.
El encuentro permitió
abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y
casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta
materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes
de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción
(Facua).
Por otro lado, y para
reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de
urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la
Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
"UNA POLÍTICA GENERALIZADA"
Según detalla, este programa
se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha
puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los
desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de
sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a
los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas
protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
A esto se añade el "apoyo"
dado por Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso
apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler
social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los
desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la
rehabilitación y el alquiler.
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