De subvencionar las ITE a cobrar por ellas.

A continuación ofrecemos el artículo del blog de Javier Alonso, el elcorreoweb, sobre las mentiras del PP con sus planes de ajuste en el Ayuntamiento de Sevilla.


Recomendamos la lectura y divulgación del mismo.


Hace apenas un año el debate sobre las Inspecciones Técnicas de Edificios –las ITE– se centraba en si la subvención que existía para las comunidades con problemas económicos –197.000 euros– era suficiente para cubrir las necesidades de la población. Ahora, de pronto, se ha pasado al escenario contrario. El Ayuntamiento no ayuda a cumplir una obligación –no es un servicio voluntario–, sino que recarga a los ciudadanos cuando la realizan incrementando un coste ya de por sí elevado, si se tiene en cuenta que a la contratación del arquitecto se añade en muchos casos la ejecución de las obras necesarias para acondicionar el inmueble.

Es sólo un ejemplo de las nuevas tasas que esconde el plan de ajuste. Algunas son anecdóticas, como los dos euros por pedir un plano de Urbanismo o los 6 por una copia en PDF. Pero otras no lo son, como los 40 euros por tramitar el reagrupamiento familiar de inmigrantes. Cuesta ahora comparar las nuevas figuras creadas por el gobierno local con las críticas que el PP realizó siendo oposición contra medidas como la tasa de 1,67 euros que se cobró por tramitar los permisos de circulación del Centro. Pero son otros tiempos, en ésta y en todas las administraciones.


Argumenta el gobierno local que al poner una tasa a quien requiere un servicio se evita subir los impuestos de forma general. El problema es que, en algunos casos, no son servicios a los que el ciudadano elija si acudir o no. Son obligaciones por las que el ciudadano tendrá que volver a pagar, al margen de lo que ya abona con sus impuestos a nivel local y estatal. Y mientras que en los tributos hay pagos en función de las rentas; en estos casos afecta por igual a personas con más y con menos recursos: un bloque de 500 metros cuadrados de familias sin recursos abonará el mismo importe por el simple  hecho de acreditar que su edificio está en condiciones de habitabilidad que un edificio  de familias con recursos.