En Izquierda Unida consideramos que la Comisión de Quejas y Sugerencias, más conocida como la Oficina del Defensor del Ciudadano, ha perdido, lamentablemente, todo su sentido originario y su razón de ser, una vez que el PP optó, hace ya tiempo, por desoír los continuos reclamos de la oposición y de numerosos colectivos y entidades sociales que le pedían la destitución del señor Barranca como presidente y la apertura de un proceso de diálogo dirigido a consensuar el nombramiento de alguien con un perfil más apto para ese puesto.
Fue el Gobierno del PP el que se empeñó en mantener a toda costa al frente de la Oficina a una persona que no gozaba ni del predicamento democrático ni de la enorme respetabilidad social que requiere ese cargo. Y es que su trayectoria política le delataba e inhabilitaba a todas luces para desempeñar dicha tarea.
¿Acaso hay que recordar las posiciones progolpistas
que el señor Barranca abanderó en el pasado –y de las que nunca se ha
retractado–, apoyando en una carta pública las aciagas declaraciones
realizadas en 2006 por el General Mena, en las que abogaba abiertamente por una intervención militar de las Fuerzas Armadas contra la reforma del Estatuto catalán?.Pero Zoido no sólo no ha atendido el llamamiento ciudadano sino que, además, ha convertido la actual Oficina del Defensor en un nido de enchufados, donde muchos de sus integrantes son activos militantes o dirigentes de este partido que, a su vez, están contratados como coordinadores en los talleres municipales socioculturales de los distritos.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que hoy sólo permanezcan en este órgano, de supuesta interlocución vecinal, los vocales designados por el PP, lo que da una idea de su grado de representatividad y pluralidad. Y eso sucede por la incapacidad y por el sectarismo del Gobierno de Zoido, que ha preferido transformar esta comisión en un instrumento a su exclusivo servicio, decretando de esta forma su defunción en la práctica.
Así es como hemos llegado al despropósito inadmisible de que el PP termine fiscalizándose asimismo, sin ningún tipo de contrapesos ni equilibrios que valgan. De ahí que Izquierda Unida ya no reconozca esta institución. Primero, porque en estos momentos no tiene nada que ver con la naturaleza ni con los objetivos para los que fue concebida. Y, segundo, porque la esperpéntica situación en que se halla inmersa viola hasta su propio reglamento.
Por eso, y no por otros motivos, nos marchamos ayer los concejales de IU del Pleno del Defensor del Ciudadano. Por dignidad y por coherencia. Porque no estábamos dispuestos a legitimar con nuestra presencia esa especie de homenaje autocomplaciente o de canto laudatorio que la derecha quería dedicarse a sí misma. Porque la memoria del señor Barranca no era más que eso: un planfleto pagado con dinero público, donde se aplaudía a rabiar al nuevo Gobierno local, mientras se denigraban las políticas del anterior. Resulta cómico ver cómo, al hilo de este plante, muchos en el PP, incluido el alcalde, se rasgan las vestiduras y, como poco, nos acusan de haber atentado contra la democracia. Deberían ser más honestos con ellos mismos y mirarse ante su propio espejo. Máxime cuando aún están frescas las imágenes de los miembros de ese partido abandonando hace sólo un mes un Pleno de Diputación. También han sido varias las veces que Zoido ha hecho lo propio en el Parlamento. Así que, como diría cierto personaje televisivo, un poquito de por favor.
En lugar de aferrarse al improperio y a la descalificación fácil, el
PP debería reflexionar sobre la soledad en la que se está instalando,
pues la mayoría absoluta no significa un cheque en blanco para imponer cualquier cosa.
La legitimidad de las urnas se va desgastando a medida que se miente
sistemáticamente a la ciudadanía, se desprecian los compromisos
electorales adquiridos o se aplican políticas diferentes o incluso
contrarias a las promesas planteadas en campaña.El último ejemplo ha sido el cambio inicial del PGOU aprobado en el Pleno ordinario de este mismo viernes, merced al rodillo de la derecha, para dar vía libre a un macro aparcamiento subterráneo en la Alameda. Un proyecto que, a pesar de lo que nos han vendido, no aparecía recogido en el programa con que el PP se presentó a los pasados comicios municipales.
La
realidad es que el Gobierno de Zoido ha favorecido los deseos de un
sector minoritario de comerciantes en detrimento de los intereses
generales, retrocediendo décadas en el modelo de movilidad sostenible
que habíamos conseguido impulsar en la ciudad, ninguneando la opinión
de los vecinos afectados –a los que no se ha consultado– y abriendo las
puertas de par en par al urbanismo especulativo. ¡Y todo ello por no hablar de las dudas legales que arroja la modificación del planeamiento que se pretende acometer!Otra de las decisiones adoptadas en el Pleno ordinario de este viernes por el PP ha sido garantizar la financiación del tramo de la SE-35 que prestará servicio a la futura tienda de Ikea en suelos de San Nicolás Oeste, gracias al desvío de 29 millones de euros procedentes de partidas presupuestadas en el pasado para los barrios de la ciudad.
A este respecto, ha de indicarse que Izquierda Unida fue la única fuerza política que se opuso frontalmente a esta barbaridad, pues el PSOE se abstuvo en la votación.
En todo caso, la diligencia y eficacia con que este Gobierno se emplea para localizar fondos con los que satisfacer las demandas de una multinacional, contrastan con el sempiterno discurso plañidero de que “no hay dinero para nada” por culpa de la herencia recibida.La verdad es que uno echa de menos esa solvencia y disponibilidad financiera del Ayuntamiento para otras necesidades de los sevillanos y sevillanas. Pero ya se ve que es cuestión de prioridades y de voluntad política. La misma que le falta al Gobierno local, por ejemplo, para poner en marcha un plan de choque contra el paro, una red municipal de cocinas sociales o medidas destinadas a impedir los desahucios de los inquilinos de Emvisesa.
Blog Torrijos.
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