Rafael Domínguez cree que todo responde a la idea de cumplir "el compromiso electoral" de Zoido con los mayoristas de pescado
SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del
comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos
hispalense, Mercasevilla, ha anunciado un "frente jurídico y sindical"
para "combatir" la liberalización parcial de servicios promovida por la
dirección de la compañía con efectos sobre un centenar de los 198
trabajadores de la plantilla. Domínguez cree "parcial" el reciente
informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla y
del consejo de administración de Mercasevilla, que sustenta esta
decisión, y avisa de que la cúpula de la empresa actúa sencillamente
para cumplir "la promesa electoral" de Juan Ignacio Zoido (PP) con el
gremio de mayoristas de pescado.
"Vamos combatir desde todos los frentes posibles. Nos vamos a
oponer desde lo jurídico y lo sindical", ha manifestado a Europa Press
Rafael Domínguez, quien avisa de que el mencionado informe de Luis
Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de
administración de Mercasevilla, es un "informe de parte, realizado
exclusivamente para el objetivo" de justificar la liberalización de
buena parte de los servicios prestados por Mercasevilla, aspecto que
afecta a cien trabajadores cuyo destino está por resolver.
"El informe del secretario general no es imparcial", ha dicho
directamente Rafael Domínguez, toda vez que dicho informe concluye que
el respeto al principio de libertad de empresa, así como otros aspectos,
"obliga necesariamente a replantear el modelo" de explotación de
Mercasevilla y a liberalizar los servicios que no se circunscriban
exclusivamente al carácter público y común. En cuanto al expediente
incoado por la Comisión Europea sobre un posible caso de monopolio en
torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas
de pescado, como es el caso de la facturación o el transporte y la
manipulación, Rafael Domínguez ha señalado que las instituciones
comunitarias "no se han pronunciado definitivamente".
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