La Justicia no sólo ha dejado claro que Lolo jamás cometió acto alguno de prevaricación, tráfico de influencias, usurpación de funciones, fraude en la contratación pública o malversación de caudales públicos, sino que, además, ha reprochado al denunciante su intento por mantener viva una acusación que no se sostenía de ninguna manera.
No en vano, en el fallo de la Audiencia hay párrafos realmente
demoledores, en los que se censura con una significativa rotundidad la
obsesión contumaz del PP por continuar estirando un chicle que no
ofrecía más de sí desde el principio y por realizar un uso totalmente torticero e inadecuado del derecho y de los tribunales.
Y es que, una vez trascendido el primer auto -emitido el 19 de
noviembre de 2010- y ante la evidencia de su contenido, el señor Zoido
pudo haber optado por dar carpetazo a este asunto. Pero no lo hizo, sino
que prefirió prolongar innecesariamente el calvario del acusado, interponiendo un recurso tras otro hasta agotar la vía jurídica.
Como se recordará, nuestro compañero Lolo se vio obligado a presentar su dimisión en septiembre de 2008 como consecuencia de la brutal y desaforada campaña de calumnias y presiones desencadenada contra él, que le ocasionaron un perjuicio irreparable y que, a mí entender, deberían avergonzar a quienes las alentaron y difundieron.
Por otro lado, el cierre de este ignominioso capítulo viene a confirmar lo que algunos ya veníamos alertando: el peligro de la judicialización que el PP y sus organizaciones adláteres hacen constantemente de la vida política.
Pues bien, a este respecto hay que subrayar la desmedida intensidad
con que esta estrategia se ha aplicado en Sevilla y, más en concreto,
contra los cargos públicos de IU a fin de socavar su honestidad y de desprestigiar el
proyecto de nuestra organización. Una tarea a la que el PP de Zoido se
dedicó, por cierto, con entusiasmo y denuedo durante el periodo que
estuvo en la oposición, sobrepasando todos los límites de la decencia y
de la ética política.
Pero una vez archivada la causa contra Lolo Silva, en IU creemos que ha llegado la hora de la reparación y de la restitución de su buen nombre. Por eso, en el próximo Pleno del Ayuntamiento presentaremos una moción en la que exigiremos a Zoido que pida públicamente perdón a
nuestro compañero por el enorme daño que su insensato e irresponsable
comportamiento le ha provocado a lo largo de estos cuatro largos años
por mor de unas imputaciones que nunca se han probado.
El auto de la Audiencia nos da, además, la razón a quienes pensábamos que el caso de Lolo Silva era la primera pieza de un proceso dirigido a sacar a Izquierda Unida del Gobierno local, al que luego se sumarían otros peones en la partida, y que, sin duda, ha procurado exitosos resultados a quienes llevaron a la práctica esta línea de actuación.
De modo que el tiempo y la justicia han ido poniendo a cada uno en
sitio, tal y como acabamos de comprobar con el sobreseimiento de esta
causa y también con la reciente desestimación de la demanda interpuesta
contra nuestra compañera Josefa Medrano por el absurdo delito de prevaricación que se le imputó en su día.
Sin embargo, como casi siempre ocurre también en estos casos, la justicia aparece tarde y cuando gran parte del perjuicio producido, desgraciadamente, ya es irreversible. Y
me refiero al daño personal, pero también al menoscabo político que
este periplo judicial le ha supuesto tanto a Silva como a IU en términos
de afrenta y desgaste.
Porque si algo resulta indiscutible es el beneficio obtenido por el PP de estas reiteradas denuncias, gracias a las cuales logró propiciar un incuestionable descrédito en la trayectoria de sus oponentes políticos.
Hoy convendría rememorar algunas de esas hiperbólicas declaraciones
que el señor Zoido solía utilizar para referirse a Lolo Silva y a lo
que, en sus propias palabras, era “el mayor caso de corrupción municipal conocido en Sevilla”.
Quizá por eso, uno no puede dejar de preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Qué
hacer tras una interminable pesadilla judicial que ha condicionado de
manera evidente el normal desarrollo de la acción política municipal y
la vida personal del acusado? ¿Cómo restituir la percepción
social de Lolo Silva, toda vez que se ha demostrado que, ni tan siquiera
indiciariamente, fue responsable de los graves delitos que le achacó el
PP?
Esto me lleva a considerar que la gran derrotada en esta historia ha sido la política con mayúsculas y concebida como instrumento útil, en el sentido más noble del término, para solucionar los problemas de la gente y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Con prácticas como las del señor Zoido, desde luego, la democracia pierde, se degrada y se degenera.
Y es que Zoido ha quedado a todas luces desautorizado por la propia Justicia.
Una reprobación que me parece todavía más grave y preocupante si
tenemos en cuenta que se la hacen a una persona que, además de ostentar
actualmente el cargo de alcalde de la ciudad, es juez de profesión.
Por eso, lo mínimo que cabe a estas alturas son unas disculpas públicas por parte de quien,
a sabiendas de lo incorrecto de sus actos y de lo infundado de sus
acusaciones, se empecinó en someter a un proceso durísimo a nuestro
compañero Lolo, sin importarle ni la falta de consistencia de sus
afirmaciones ni la verdad de los hechos, pues los mismos expedientes y
actos administrativos que han sido aportados ante la Justicia eran
sobradamente conocidos de antemano por él.
En definitiva, nos encontramos ante otra muestra más del fraude
político que representa el primer edil. Y, si tras este primer año de
gobierno, marcado por la inacción y por el incumplimiento sistemático de
lo prometido, la credibilidad del alcalde ya estaba bajo mínimos, ahora podemos asegurar también que su reputación ética y su autoridad moral han quedado seriamente en entredicho.
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