jueves, 6 de septiembre de 2012

Los gobiernos español y marroquí violan los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur

Secretaría de Migraciones del PCE | Secretaría de Política Internacional del PCE / 05 sep 12
La secretaria de migraciones del PCE se suma a la denuncia de la expulsión, en un operativo conjunto de las policías española y marroquí, del grupo de migrantes que permanecían en la Isla de Tierra. La entrega a las autoridades marroquíes se ha producido vulnerando lo previsto en la ya de por sí injusta Ley de Extranjería española.

Como han señalado las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno, la legislación española e internacional prohíbe las expulsiones colectivas y obliga a seguir un procedimiento administrativo individualizado con asistencia letrada; esta mínima garantía hubiera permitido la detección de víctimas de trata, personas en situación de extrema vulnerabilidad o de aquellas susceptibles de ser amparadas en la figura de la protección internacional a las refugiadas.

A la anterior violación se añade que, dentro del operativo coordinado, las autoridades marroquíes han procedido de inmediato a expulsar a los migrantes a través de la frontera con Argelia, dónde, como vienen acreditando numerosos informes de organismos de derechos humanos desde hace años, son abandonados en mitad del desierto.

La actuación del gobierno del PP desenmascara sus auténticas intenciones, alejadas del respeto a los derechos humanos y los compromisos humanitarios, y pone en evidencia su hipocresía cuando criticó en épocas anteriores intervenciones similares del gobierno del PSOE. Al mismo tiempo, confirma su absoluta entrega al régimen antidemocrático marroquí, puesta ya de manifiesto en su actitud con relación al Sahara Occidental.

En estos momentos de crisis capitalista y de su brutal impacto en España hablar de “efecto llamada” por la llegada de unos cientos de migrantes no es más que un sarcasmo; miles de jóvenes españoles vuelven a emigrar ante la falta de perspectivas laborales y el único efecto que opera en estas circunstancias es el de expulsión que provoca un sistema injusto y depredador.

Esta colaboración entre las autoridades españolas y marroquíes viola el Derecho internacional. Como vienen repitiendo las organizaciones sociales y la izquierda, en las políticas de control de fronteras no vale todo; la universalidad de los derechos humanos se pone a prueba en este tipo de actuaciones. Por esos motivos, la Secretaría de Migraciones del PCE insta a la intervención de los organismos internacionales de garantía de los derechos humanos y a que, desde los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, se reclamen responsabilidades políticas a todos los niveles.

Madrid, 5 de septiembre de 2012.

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