Torrijos advierte que la
empresa pública no está en condiciones de exigir el pago de cuotas cuando es la
primera que le debe dinero a comunidades de propietarios
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Sevilla ha
mostrado este miércoles su total respaldo a la concentración que los vecinos de
San Jerónimo afectados por las últimas amenazas de desahucio procedentes de Emvisesa
han decidido convocar el jueves 1 de noviembre para reclamarle al Gobierno
local el cese de estas prácticas y para demandarle también alternativas al
objeto de evitar que un centenar de familias con problemas económicos terminen
siendo expulsadas de sus viviendas.
“Nuestra fuerza política no va a dejar ni de apoyar
a estos inquilinos ni de censurar el maltrato que éstos están recibiendo por
parte de un PP cada vez más insensible e indiferente ante los problemas de los
ciudadanos”, ha indicado el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos,
quien, por otro lado, ha confirmado la presencia de su grupo en esta protesta,
que tendrá lugar en la calle Andén.
El concejal de IU ha tildado de “inadmisible” el
hecho de que Emvisesa se dedique a enviar “cartas intimidatorias” a sus inquilinos,
donde les avisa de que, si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonan sus
deudas con la entidad municipal o sus pagos atrasados de la comunidad, se darán
por resueltos los contratos de arrendamientos y se les abrirá inmediatamente un
proceso judicial de desahucio.
“Ese tipo de comportamiento es más propio de
asustaviejas sin escrúpulos que de una administración pública”, ha aseverado Torrijos.
Así, ha lamentado que el Gobierno de Zoido, en vez de recapacitar y rectificar
tras la denuncia de IU, haya optado, en cambio, por reafirmarse en su reprobable
forma de actuar, aferrándose para ello a la excusa de que “se está limitando a
aplicar la legalidad vigente”.
Es más, el portavoz de la federación de izquierdas
ha advertido de que Emvisesa “no es la más indicada para exigir el cobro de
nada”, pues asegura que la empresa municipal y la
Gerencia de Urbanismo “son las primeras que le deben dinero a comunidades
o intercomunidades de propietarios por diferentes conceptos como ocurre, por
ejemplo, con la de Tren Shangay, 1”.
En opinión de Torrijos, son muchas las opciones a
las que el Ayuntamiento puede recurrir antes que a la de amenazar a sus
inquilinos con el desahucio si no paga. Máxime –ha agregado--, “cuando estamos
hablando de familias humildes que padecen una adversa situación económica
derivada de una crisis que no han provocado”. Entre las alternativas que IU
propone, figuran la de reducir temporalmente la renta del alquiler o la de establecer
alguna moratoria o aplazamiento del pago a aquellos inquilinos que por causas
sobrevenidas se han quedado en el paro.
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