Propondrá que la
Corporación Local reclame al Gobierno central la retirada de esta medida que atenta
contra el derecho de igualdad de todos los ciudadanos
Izquierda Unida llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla una moción sobre las nuevas tasas judiciales implantadas por el
Gobierno de Rajoy con la intención de que la
Corporación Local se
posicione en contra de las mismas y exija su retirada. Con ello, esta fuerza
política busca garantizar que ninguna persona vea limitado su derecho de acceso
a la justicia por no poder hacer frente al abono de tales conceptos.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz
municipal de IU en la ciudad, Antonio Rodrigo Torrijos, quien ha defendido la
necesidad de presionar al Ministerio de Justicia, a través de la movilización y
desde cada rincón institucional del país, para conseguir su rectificación en un
asunto que, si bien concierne a todo el conjunto del Estado, merece, en su
opinión, un debate específico en el Pleno hispalense, dada su importancia y la
incidencia que ya está conllevando a la población sevillana.
Torrijos ha enmarcado la reforma de Gallardón dentro de la
“ofensiva neoliberal” desarrollada por el PP para desmantelar el estado de
derecho y de bienestar social. Así, ha asegurado que la iniciativa en cuestión
es “parte sustancial de una estrategia ideológica de clase” y significa “una
vuelta de tuerca más” de la derecha, que se suma a la última reforma laboral, a
los recortes en educación y sanidad o a la aplicación de una política fiscal
indulgente con los ricos y que, además, “obliga a pagar más a quien menos
tiene”.
Según ha manifestado Torrijos, las nuevas tasas judiciales del PP
constituyen un “ataque doble y directo a la ciudadanía”, al vulnerar el derecho
a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución de 1978. Por eso se trata, a su entender, de una norma muy
beneficiosa para los poderosos y especialmente perjudicial para los
trabajadores y las capas medias de la sociedad.
En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida ha alertado del
“efecto disuasorio” que, a partir de ahora, se va a producir en el ámbito de la
justicia, al restringirse a los sectores más desfavorecidos la posibilidad de
recurrir a los tribunales por la imposición de elevadas tasas. De modo que lo
que era un derecho público al alcance de todos pasa a convertirse, según ha
precisado, en el privilegio de unos pocos.
Al hilo de esto, el concejal de IU ha criticado la injusticia que
supone, por ejemplo, cobrarle al ciudadano 200 euros por recurrir una multa de
100 euros o una factura de móvil errónea de 80 euros. Asimismo, ha censurado el
hecho de que un trabajador se vea obligado a abonar 300 euros para reclamarle a
su empresa el pago de sus tres últimas nóminas. Y es que, según ha denunciado,
con esta reforma “se busca que la gente con escasos recursos económicos no
pleitee ni ejerza sus derechos”, ha apostillado.
La moción de Izquierda Unida subraya, igualmente, el rechazo
unánime y generalizado que esta medida ha concitado no sólo entra la ciudadanía
y los partidos de la oposición, sino también entre todos los colectivos
profesionales vinculados al mundo de la judicatura, incluyendo a los abogados,
procuradores y magistrados, así como a las asociaciones de consumidores y
usuarios. Éste es, por tanto, un motivo de peso más, según Torrijos, para pedir
la supresión de una ley con la que “muchos miembros del PP tampoco están de
acuerdo”.
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