Torrijos
denuncia que la medida conllevará el aumento de la burocracia y la
confusión ciudadana en un momento de emergencia habitacional, en el que
no dejan de proliferar los desahucios y ocupaciones de casas
El
portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo
Torrijos, ha manifestado su total rechazo a la suspensión de las
condiciones de adjudicación de viviendas sociales que el PP ha aprobado
este miércoles en el seno del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, al tratarse de una medida “completamente desacertada y suicida en los tiempos que corren”.
Para
Rodrigo Torrijos, esta decisión, que ha sido adoptada con el voto en
contra de Izquierda Unida, supone en la práctica el “certificado de
defunción” de las políticas de solidaridad que el Gobierno local
anterior había logrado poner en marcha en la ciudad a través de la
constitución del Parque Social de Vivienda y la creación de la Oficina
de Atención al Inquilino en situación de abusos (Otainsa), instrumentos
que, cabe recordar, el PP eliminó nada más comenzar el presente
mandato.
Torrijos
ha calificado de “auténtica injusticia” que el PP paralice sine die los
criterios correspondientes a la entrega de pisos sociales en un momento
tan difícil como el actual, en el que “estamos asistiendo diariamente
al lanzamiento constante de desahucios de familias que no cuentan con
los recursos necesarios para afrontar la hipoteca o el alquiler de sus
casas y en el que proliferan las ocupaciones de viviendas por
necesidades sobrevenidas”.
Del
mismo modo, Torrijos no comparte los motivos esgrimidos por Urbanismo,
desde donde se defiende esta “ocurrencia” asegurando que la interrupción
de este proceso es sólo temporal y que se decreta para mejorar la
normativa actual. “También era provisional la supresión del Plan
Municipal de Vivienda y llevamos más de un año esperando el nuevo”, ha
aseverado el portavoz de IU, quien recuerda que las únicas promociones
entregadas por Zoido en este mandato son consecuencia de la “herencia
recibida que tanto denosta”. “Y eso que se comprometió a ejecutar 1.000
pisos protegidos al año”, ha apostillado.
En esta línea, Torrijos ha criticado el “endurecimiento de los requisitos” respecto a la concesión de las futuras
viviendas sociales. Y es que, según ha afirmado, “con la excusa de
ampliar y profundizar las normas de adjudicación, el PP lo que busca en
el fondo es establecer trabas burocráticas adicionales, generar la
confusión entre la ciudadanía y reducir el espectro de beneficiarios”.
La
eliminación de la atención especial a aquellos casos en los que exista
una minusvalía superior al 65%, la obligatoriedad de que los contratos
de arrendamientos tengan que ajustarse a una duración inferior a un año o
el intento de subir las rentas a los adjudicatarios son algunas de las
pautas más preocupantes y perjudiciales que, según Torrijos, el PP se ha
propuesto imponer con su nuevo planteamiento.
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