La responsable de Vivienda de la dirección federal de
Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido
que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda
de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis
que no han causado”
La responsable de Vivienda de
la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al
Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de
que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de
Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP),
cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma
inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas
abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida
ayer.
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance
hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto
tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad
civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la
razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el
inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos
en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas
públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta
quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La
responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que
“vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo
parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado
–uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre
esta materia, que recibían por su parte los calificativos de
‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras
enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP
aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer
insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad
jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en
los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora
de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en
profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil
para decretar la paralización universal de los desahucios y la
retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios
ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda
Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los
contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización
de los desahucios en marcha”.
Constata también la
“responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más
de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de
ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha
demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía
hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados
de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de
protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos
apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las
entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma
sistemática”.
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